Ática protesta por la discriminación de la Administración

Recurso de reposición

Convenio de colaboración de 24 de julio de 2017 Federación de Caza de Castilla La Mancha

AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,

MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Don JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ, con D.N.I. núm. 51608708C, y con domicilio a efectos de notificaciones en apartado de correos número 8 (19180) de Guadalajara, y correo electrónico jgfmayor@gmail.com y aticaguada@hotmail.com , en nombre y representación de la Asociación de Titulares de Cotos de Caza de Guadalajara (ATICA) C.I.F. no G-19165919, comparece y EXPONE:

Que el pasado 28 de mayo de 2019, se nos ha dado traslado de la resolución estimatoria (SAIP/19/210200/000015) con relación a la solicitud de información pública y hemos tenido conocimiento del Convenio entre esa Administración y la Federación de caza de Castilla-La Mancha en relación con los cotos de caza «Los Pilones, El Rosario, Sarguero y Navas y Coquiles» de la provincia de Ciudad Real.

Que a la vista del mismo y dentro del plazo legal de un mes establecido al efecto, conforme a los arts. 222 a 225 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, interpongo RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra el Convenio de colaboración de 24 de julio de 2017 entre la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Federación de Caza de Castilla-La Mancha para la celebración de competiciones deportivas de carácter cinegético, jornadas de caza tradicional, así como otras actuaciones en materias propias de la actividad y gestión cinegéticas en terrenos propiedad de la Junta de Comunidades, por entender que el mismo no se ajusta a derecho y en base a los siguientes

MOTIVOS

PRIMERO.- ANTECEDENTES

El 23 de julio de 2017 se firmó convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha y la Federación de Caza de Castilla – La Mancha para la celebración de competiciones deportivas de carácter cinegético, jornadas de caza tradicional, así como otras actuaciones en materias propias de la actividad y gestión cinegéticas en terrenos propiedad de la Junta de Comunidades.

De acuerdo con su cláusula primera, este convenio tiene por objeto “materializar la colaboración entre la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, establecida en los artículos 66 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y 128 del Reglamento de Caza vigente, aprobado por Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, para la celebración de competiciones deportivas de caza tradicionales en la Comunidad Autónoma, siempre que tales competiciones tengan carácter provincial, regional, nacional o internacional, así como realizar la gestión cinegética de aquellos terrenos arriba mencionados y en los cuales se practicará una caza social para facilitar el ejercicio de la caza en régimen de igualdad de oportunidades con arreglo a los planes de ordenación cinegética aprobados, pudiendo llevar a cabo medidas de gestión cinegética en los Refugios de Fauna declarados como tales.

El convenio cuyo ámbito temporal de aplicación se extiende hasta el día 21 de marzo de 2012 (cláusula segunda), es de aplicación a los Cotos de Caza de los que es titular la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha situados en Montes de Utilidad Pública de su propiedad denominados: “Quinto de Enmedio y Los Batanes” CR-00004, no de UF. 57 y 67, ubicado en los términos municipales de Piedrabuena y Alcolea de Calatrava, “Los Pilones” CR-11.522, no 70 y 71, ubicada en los términos municipales de Saceruela y Abenojar, “Las Navas, Coquiles y Mesegales” CR-10.861, ubicado en el término municipal de Solana del Pino y “Nuestra Señora del Rosario» no CR-12.082, no 49 U.P. ubicado en el término municipal de Piedrabuena (manifiestan tercero).

SEGUNDO.- A lo largo del convenio se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes signantes destacando las siguientes:

  • −  Realizar competiciones deportivas de caza en el coto de caza “Quinto de En medio (cláusulas tercera y cuarta).
  • −  Organizar jornadas de caza mayor en las modalidades de Montería, batida, gancho y demás modalidades autorizadas en los planes de ordenación cinegética de los cotos objeto de este Convenio, así como la ejecución de batidas de control de poblaciones en los Refugios de Fauna (cláusulas tercera y cuarta).
  • −  Organizar de jornadas de caza social distribuidas sólo y exclusivamente entre “cazadores federados” y reserva de puestos para cazadores locales “federados” (cláusula cuarta).
  • −  Redactar y presentar los correspondientes Planes de Ordenación Cinegética por el periodo de duración del presente Convenio de colaboración (cláusula cuarta),
  • −  Asumir por parte de la Federación todos los gastos, tasas e impuestos relacionados con el funcionamiento de los cotos de caza y de las autorizaciones especiales para efectuar control de especies cinegéticas y el control de predadores, en su caso (cláusula cuarta).
  • −  Derecho de la Federación al cobro de pagos de cazadores participantes en las monterías y a recibir ingresos de carne (memoria explicativa de la justificación económica)
  • −  Derecho de la federación a obtener compensación de la JCCLM por los gastos de mejoras en los cotos previa presentación en las facturas (memoria explicativa de la justificación económica)
  • −  Abono de la Federación a la Consejería de una contraprestación económica por el aprovechamiento cinegético de los Cotos de Caza “Pilones, “Quinto de En medio y Los Batanes”, “Las Navas, Coquiles y Mesegales” y “Nuestra Señora del Rosario” objeto del Convenio de CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS al año, (5.200 €). (cláusula quinta y memoria explicativa de la justificación económica). TERCERO.- Esta parte considera que la figura de convenio escogida para plasmar la relación jurídica entre la JCCLM y la FCCLM es completamente inadecuada por haber obviado la necesaria aplicación de preceptos contenidos en la propia Ley autonómica de caza, las leyes de montes estatal y autonómica, así como o la aplicación de la normativa patrimonial y la de contratos del sector público, lo que ha ocasionado una vulneración de los principios de los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y de concurrencia competitiva De forma expresa el convenio recurrido indica que los Montes que son objeto de las obligaciones del convenio son Montes de Utilidad Pública. Por tanto, tienen la naturaleza de bienes demaniales integrándose en el dominio público forestal de Castilla- La Mancha. El Régimen de usos está sometido así a lo que se dispone para el dominio público forestal en la legislación forestal compuesta por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y Ley 3/2008 , de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Pues bien, estas normas ni siquiera se mencionan en el Convenio. Del mismo modo que no se menciona la normativa general reguladora del patrimonio de las administraciones públicas.

Se vulnera, así, de manera flagrante, la normativa sobre disposición de bienes de dominio público al haberse utilizado la figura de convenio administrativo sin haberse seguido lo establecido sobre aprovechamientos privativos en montes de dominio público en la legislación patrimonial, forestal y de los contratos del sector público. Además, el convenio ha incurrido en una vulneración del derecho constitucional a la igualdad de trato contemplado en el art. 14 de la Constitución Española.

En efecto, la disposición del aprovechamiento cinegético que lleva a cabo el convenio está amparando un trato de favor a una entidad deportiva privada para beneficio exclusivo de sus asociados, y no respeta los principios informadores publicidad, transparencia, concurrencia, igualdad y no discriminación por lo que debiera declararse nulo o, subsidiariamente, anulable.

CUARTO: Vulneración del régimen de usos del dominio público forestal regulado en la legislación estatal y autonómica de montes.

El artículo 15 de la Ley 42/2003, de 21 de diciembre, de Montes –y reproducido de forma literal en el artículo 8 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha- regula el régimen de usos en el dominio público forestal. En él se dispone lo siguiente:

“[…]

2. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de autorizaciones aquellas actividades que, de acuerdo con la normativa autonómica, la requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad. En los montes catalogados será preceptivo el informe favorable del órgano forestal de la comunidad autónoma.

3. Los aprovechamientos forestales en el dominio público forestal se regirán por lo que se establece en los artículos 36 y 37 de esta ley.

4. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de concesión todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del dominio público forestal. En los montes catalogados, esta concesión requerirá el informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano forestal de la comunidad autónoma.

5. En los procedimientos de concesión y autorización de actividades económicas promovidas por la administración gestora del monte que vayan a realizarse en

montes demaniales, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación de los montes comunales, se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva conforme a los instrumentos o directrices de planificación y gestión del mismo en los siguientes supuestos:

[…]

b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros.

Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados a lo dispuesto en los instrumentos o directrices de planificación y gestión del monte.

La duración de dichas autorizaciones y concesiones será como máximo de 75 años, de acuerdo con sus características, y no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor del anterior titular o personas vinculadas con él.”

En el convenio que se impugna no se hace mención a los motivos que justificarían la no emisión de autorización o concesión administrativa y su sustitución por la celebración de un convenio administrativo. Tampoco se han explicitado las razones por las que no era preciso dar cumplimiento a los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.

Conforme a lo expuesto, puede afirmarse que la actuación de las partes ha prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido para la disposición privativa del uso cinegético por parte de una entidad privada y en beneficio exclusivo de sus asociados como posteriormente se mencionará.

QUINTO: Vulneración de la normativa aplicable por realizarse una enajenación encubierta del aprovechamiento de la caza en cotos localizados en Montes de Utilidad Pública.

El convenio sólo menciona como habilitantes el artículo 66 de la Ley de caza relativo a los convenios y el artículo del reglamento de la ley de caza relativo a los campeonatos. Así, obvia por completo que la propia Ley de caza, en la versión vigente en el momento de la celebración del convenio, regulaba la caza en montes de utilidad pública del siguiente modo:

Artículo 42. Cotos de Caza y Zonas Colectivas de Caza constituidos en Montes de Utilidad Pública.

“1. Los Cotos de Caza y Zonas Colectivas de Caza constituidos sobre terrenos pertenecientes a Montes de Utilidad Pública, se regirán conforme a sus Planes de Ordenación Cinegética, supeditados a las condiciones que establezcan los instrumentos de gestión forestal sostenible de aplicación directa a nivel de monte o grupo de montes y a los Pliegos de Condiciones Técnico Facultativas que se aprueben derivados de la adjudicación del aprovechamiento de la caza. 2. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha y demás disposiciones
concordantes, el aprovechamiento de la caza de los Cotos de Caza en los Montes de
Utilidad Pública, pertenecientes a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
podrá ser enajenado. 3. Sin perjuicio del apartado anterior, estos montes podrán dedicarse a oferta pública de permisos de caza, a cuyos efectos, la Consejería establecerá mediante
Orden, la regulación de la oferta pública y la adjudicación de permisos.”

Como se señalaba, el artículo 42.2 de la Ley de Caza permite el enajenamiento del aprovechamiento de la caza en los montes de utilidad pública realizando una remisión al artículo 41 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Manche, que indica que los aprovechamientos en los montes de utilidad pública podrán ser enajenados de conformidad con lo previsto en el apartado 8 y que los contratos por los que se rija la enajenación de productos forestales y recursos procedentes de los montes declarados de utilidad pública tendrán el carácter de contrato administrativo especial:

Artículo 41. Enajenación de los aprovechamientos.

“1. Los aprovechamientos en los montes de utilidad pública podrán ser enajenados por sus titulares en el marco de lo establecido en el artículo 8, así como de lo previsto en la legislación que les resulte de aplicación.

2. Los contratos por los que se rige la enajenación de productos forestales y recursos procedentes de los montes declarados de utilidad pública, con independencia de su titularidad, tendrán el carácter de contrato administrativo especial.

3. La contratación de los aprovechamientos de los montes propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha será realizada por la Consejería, conforme a lo dispuesto en la legislación que le sea de aplicación.”

En el convenio, debería haberse hecho mención a las razones que permitían que la naturaleza de la relación jurídica con la Federación de Caza no fuera calificada como contrato administrativo especial. Al no haberlo hecho así, se está realizando un convenio en fraude de ley cuando realmente se está realizando una enajenación de derechos cinegéticos.

SEXTO: INOBSERVANCIA DE LA LEGISLACION DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO.

Resulta especialmente llamativo que habiéndose optado por la figura de Convenio administrativo, el convenio no mencione en ningún momento la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que ya se encontraba vigente en el momento de tramitar y suscribir el convenio regulando al detalle los convenios entre las administraciones públicas y sujetos privados.

Artículo 47. Definición y tipos de convenios.

“ 1. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.


Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de

los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.”

En las fechas de tramitación y suscripción del Convenio que se impugna se encontraba vigente el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,

Esta Ley era aplicable a cualquier contrato de carácter oneroso celebrado por una administración pública (art. 2) excluyendo de su ámbito de aplicación los convenios y las autorizaciones y concesiones administrativas (art. 4, letras d y o). No obstante, esta Ley se preocupa de precisar que para que un convenio pueda ser calificado como tal es preciso que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en dicha Ley o en normas administrativas especiales.

Artículo 2 ámbito de aplicación

“1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes, organismos y entidades enumerados en el artículo 3.”

Artículo 4. Negocios y contratos excluidos

“1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas:

d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales.

[…]

o) Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los

contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos

en el artículo 7, que se regularán por su legislación específica salvo en los

casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de

la presente Ley.”

Artículo 19. Contratos administrativos.

“1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública:

a) Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministro, y servicios, así como los contratos de

colaboración entre el sector público y el sector privado. No obstante, los contratos de servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo II y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo no tendrán carácter administrativo.

b) Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una

finalidad pública de la específica competencia de aquélla, siempre que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1, o por declararlo así una Ley.

2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho

administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas.”

Por tanto, se considera que para dar cumplimiento a esta Ley el Convenio debería haber explicitado las razones que permitían que la relación a establecer con la Federación de Caza se recogiera en un convenio y no fuera calificada como contrato administrativo especial, ni como concesión o autorización administrativa. Al no haber justificación alguna al respecto se incurre en el ejercicio arbitrario de las potestades públicas y consiguiente motivo de nulidad o anulabilidad del citado convenio.

SÉPTIMO.- LA FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA TIENE CIRCUNSCRITO SU OBJETO SOCIAL A LA ORGANIZACIÓN Y PRÁCTICA DE MODALIDADES DEPORTIVAS, Y ELLO NO PUEDE CONFUNDIRSE CON LA PRÁCTICA DE LA CAZA.

La naturaleza jurídica de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha es una entidad de carácter privado y naturaleza asociativa y circunscribe sus funciones públicas al ámbito de las competiciones deportivas. Por ello, sus funciones públicas no pueden extenderse a actividades deportivas no competitivas y actividades de ocio relacionadas con la caza, si no es en igualdad de condiciones con otras organizaciones representativas.

Las Asociaciones deportivas, y entre ellas las Federaciones Deportivas, tienen circunscritas sus funciones al ámbito de aplicación de la legislación deportiva, en este caso, la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte – de carácter básico- y la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha (en lo sucesivo, LAFDCM).

El artículo 26 de la LAFDCM, relativo a las Federaciones deportivas de Castilla-La Mancha, dispone que:

“1. Las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha son entidades privadas, de utilidad pública y sin ánimo de lucro, que poseen personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y cuyo ámbito de actuación se extiende al territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

2. El objeto principal de las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha es la organización de competiciones y actividades de promoción de la modalidad o modalidades deportivas que tengan asumidas, así como, la reglamentación de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, las federaciones deportivas de Castilla-

La Mancha podrán realizar cualesquiera actuaciones que redunden en el beneficio de su objeto principal, así como, organizar actividades de promoción de modalidades de ejercicio físico reconocidas de interés público que guarden relación con las modalidades deportivas que tengan asumidas.”

Por su parte la LAFDCM recoge las siguientes definiciones:

  • −  “modalidad deportiva” “una práctica específica de deporte formada por un conjunto de movimientos físicos, habilidades técnicas y decisiones tácticas que, con el concurso o no de un instrumento o un animal, se ejecutan dentro de una estructura de reglas que la definen y diferencian de otras y que haya sido objeto del correspondiente reconocimiento administrativo..”. (art. art. 2.3)
  • −  “competición deportiva”: Se entiende por competición deportiva la confrontación entre dos o más personas físicas, organizadas de forma individual o por equipos, mediante la práctica de una modalidad deportiva a cuya finalización se establecerá un único ganador, o bien, los participantes se ordenarán en una clasificación en función de sus resultados. […]” (art. art. 2.4). Los estatutos de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha identifican claramente, como no podía ser de otra forma, la naturaleza deportiva y la vinculación de sus fines sociales con la organización de competiciones deportivas. Por tanto, no pueden confundirse las competencias que tiene la Federación de Caza de Castilla-La Mancha con respecto a las modalidades deportivas que son las que podrían justificar la utilidad pública de la entidad, con la actividad del ejercicio de la caza, que excede en mucho las finalidades de la legislación deportiva bajo la que esta Federación tiene su amparo legal y de la declaración de utilidad pública. Este ejercicio de competencias fuera de su ámbito de utilidad pública, también ampara un beneficio limitado a los cazadores federados y no de todos los cazadores en su conjunto. Como puede observarse en el clausulado las actividad a realizar por la Federación en ejecución del convenio está circunscrita de forma exclusiva a “cazadores federados” (cláusula cuarta). Por tanto, lejos de ser la gestión cinegética y la organización de las actividades de caza de interés público, implican un aprovechamiento privativo beneficiando únicamente a sus miembros federados.

En las federaciones deportivas, como la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, se inscriben los deportistas que quieran participar en competiciones oficiales. Por tanto, es una decisión voluntaria la de integrarse en las mismas, como también de hacerlo en otras organizaciones para su representación y apoyo mutuo. La normativa no puede constitucionalmente otorgar un trato de favor en ámbitos que exceden los contemplados en la legislación del deporte para las federaciones deportivas.

Dado que se puede practicar la caza no llevando a cabo una actividad deportiva y competitiva, y puesto que no es obligatorio estar federado para cazar, hay un gran número de cazadores que no están vinculados con esta Federación Deportiva. Este hecho determinante señala que la Federación de Caza de Castilla-La Mancha no es ni la única organización de representación del colectivo de cazadores no deportivos o que no realizan actividades competitivas.

Por tanto y de acuerdo con la legislación aplicable y los propios estatutos la Federación de Caza de Castilla-La Mancha se configura como una entidad privada de naturaleza asociativa vinculada a fines relacionados con el deporte a la que no es obligatorio federarse, salvo exclusivamente para participar en competiciones deportivas, no para la práctica de la caza.

Ante todo ello, podemos destacar lo siguiente:

  • –  La entidad deportiva Federación de Caza de Castilla-La Mancha desarrolla su actividad en el ámbito de la legislación del deporte.
  • –  El ejercicio de la caza y de la gestión cinegética, no deportiva y no competitiva queda fuera de las funciones públicas que la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ejerce por delegación.
  • –  La actividad cinegética es mucho más amplia que las modalidades deportivas, y sobre ellas, las federaciones deportivas están en igualdad de condiciones que cualquier otra organización privada. Debe reiterarse la naturaleza jurídica de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha como entidad de carácter privado y naturaleza asociativa a la que no puede reconocérsele ejercicio o delegación de funciones públicas -reservadas a la regulación de competiciones deportivas- si no es en igualdad con otras organizaciones de la misma naturaleza y fines sociales.
  • –  Según sus estatutos, las funciones públicas de las federaciones deportivas están limitadas al control de competiciones en “modalidades deportivasespecíficas.

La ley no le otorga a la Federación de Caza de Castilla-La Mancha facultades de representación de los cazadores en su conjunto, sino que la Ley limita estas funciones a las competiciones deportivas y a las de las personas que quieran participar en estas competiciones. Este hecho determinante señala que la federación deportiva no es ni la única organización de representación del colectivo de cazadores no deportivos o que no realizan actividades competitivas.

Todo lo anterior coincide en señalar que la Federación es una entidad privada que no ejerce representación del colectivo de cazadores no deportivos o que no realizan actividades competitivas y que su actividad de utilidad pública está circunscrito a las competiciones deportivas y no a la gestión cinegética ni a la actividad cinegética no deportiva y no competitiva. Es por ello que en relación con adjudicaciones de aprovechamientos, la Federación ni las sociedades que a ella pertenecen pueden ser beneficiarias de prerrogativas que impliquen la infracción del principio de no discriminación.

DÉCIMO.- ARBITRARIEDAD Y FALTA DE MOTIVACIÓN EN LA FIJACIÓN DE LAS CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS.

Conforme a la cláusula quinta la Federación debe abonar a la Consejería una contraprestación económica por el aprovechamiento cinegético de los Cotos de Caza “Pilones, “Quinto de En medio y Los Batanes”, “Las Navas, Coquiles y Mesegales” y “Nuestra Señora del Rosario” objeto del Convenio de CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS al año (5.200 €).

Dicha cantidad resulta de las operaciones que se realizan en la memoria explicativa de la justificación económica.

Resulta llamativo que la colaboración en teoría equitativa que recoge el convenio le resulte ruinosa a la Federación de Caza. En efecto, una lectura atenta de las operaciones planteadas da como resultado final que a la FCCLM le cuesta unos 10.000 euros el Convenio (5000 que aporta a la JCCLM y 5000 de déficit al restar todos los gastos a sus propios ingresos de las monterías, la carne y la compensación de la Junta por las obras de mejora). Se considera por tanto que las estimaciones de las que se parte no son reales.

Por otra parte debe indicarse que la fijación de la contraprestación económica se establece minorando en el cálculo de la misma obligaciones que le corresponden a la Federación de Caza, dado que se permite que la JCCLM compense los 10000 euros estimados de trabajos de mejora previa presentación de las facturas. Eso es una

obligación dineraria encubierta para la junta que no figura en el clausulado del convenio, que podría llegar a considerarse como una subvención encubierta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- La resolución que se impugna es susceptible del recurso de reposición tal y como establecen los arts. 222 a 225 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

II.- El órgano competente para conocer y resolver es el mismo órgano que dictó la resolución y al que me dirijo.

III.- La recurrente goza de legitimación para la interposición del recurso al tener la condición de interesada y estar afectada directamente por la infracción en la disposición privativa de aprovechamientos privativos en Montes de Utilidad Pública sin transparencia ni pública concurrencia.

IV.- Se invoca la nulidad de pleno derecho del acto recurrido art. 47.1 a. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con la infracción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación establecida en el art. 14 de la Constitución Española.

Subsidiariamente, procede declarar la anulabilidad del convenio al incurrir en infracción del ordenamiento jurídico, en base al art. 48.1 LPAC

Por todo lo expuesto anteriormente,

SOLICITO Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, se tenga por interpuesto recurso de reposición contra el Convenio de colaboración de 24 de julio de 2017 entre la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la celebración de competiciones deportivas de carácter cinegético, jornadas de caza tradicional, así como otras actuaciones en materias propias de la actividad y gestión cinegéticas en terrenos propiedad de la Junta de Comunidades; y en su virtud, se declare la nulidad del mismo y, subsidiariamente, su anulabilidad.

En Guadalajara a 26 de junio de 2019.